En el presente artículo, los autores analizan las diferentes teorías acerca de la naturaleza jurídica del arbitraje y en particular, la postura asumida por el tribunal Constitucional peruano que, según los autores, coloca al arbitraje en una situación peligrosa.

Una de las herramientas más útiles, a efectos de garantizar la futura eficacia de un laudo, son las medidas cautelares. A la fecha, la inmensa mayoría de legislaciones arbitrales reconocen que los árbitros son competentes para dictar medidas cautelares.

En el pasado, bajo el imperio del régimen de la cláusula compromisoria - compromiso arbitral, cuando un laudo arbitral era anulado por el Poder Judicial, el efecto era el de restituir la competencia de los jueces, salvo que las partes acordaran someterse nuevamente al arbitraje.

El Perú ha suscrito 29 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (BIT). A base de estos tratados se han iniciado hasta el momento tres procesos arbitrales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este artículo explora el contenido de los BIT y su relación con el arbitraje en materia de inversiones.

La Ley N° 26572 - Ley General de Arbitraje (en adelante simplemente LGA), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero de 1996 y en vigencia desde el día siguiente a su publicación, distingue hacia su interior entre arbitraje nacional (sección Primera, artículos 1 al 87), arbitraje internacional (Sección Segunda, artículos 127 al 131).

Estudiamos el futuro, tratando de predecir las consecuencias de tal o cual oración, preocupados por enmarcarla en tal o cual artículo del Código, jurisprudencia o dictamen, pero totalmente despreocupados en la calidad de la comunicación.